La Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, FECOBIOVE, organismo gremial encargado de velar por la solidaridad gremial y profesional, el decoro en el ejercicio de la profesión, en defensa de los derechos laborales y humanos, no solo de los Bioanalistas sino de los trabajadores del sector salud, actuando como defensores de los derechos a la salud, como partes del derecho a la vida, y frente al desafío de contribuir a enfrentar el reto de la pandemia COVID-19, con una multiplicidad de redes de servicios de salud públicos fragmentados, desintegrados, desmantelados y colapsados, en el marco de una gestión sanitaria que no ha cumplido con el mandato constitucional de crear un Sistema Público Nacional de Salud, SPNS, sustituyendo éste por una Red Paralela denominada Misión Barrio Adentro; situación está que aunada a las ineficientes políticas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional, que han privilegiado criterios distintos a los de naturaleza científico-técnicos, tanto en materia de diagnóstico, tratamiento y de vacunación, desatendiendo las propuestas de los profesionales de Bioanálisis, como parte del personal sanitario de nuestro país, en el marco de la emergencia humanitaria compleja en que nos encontramos.
Exigimos un ”PLAN DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS LABORATORIOS A NIVEL NACIONAL”, dentro de las garantías al derecho a la salud como parte al derecho a la vida por parte del Estado, en respuesta al deterioro de los servicios de Laboratorio tanto de los establecimientos de las Redes de salud pública como de los pertenecientes a la Red de Laboratorios de Salud Pública; así como de los Bancos de Sangre.
El monitoreo que realizan nuestros agremiados que trabajan en los establecimientos públicos de salud, revelan que los servicios de laboratorio a nivel nacional se encuentra en un 88,7 % de inoperatividad, donde las capacidades diagnósticas están limitadas, por falta de dotación de insumos y materiales de manera adecuada, oportuna, suficiente, continua y de calidad, hasta el punto que, el ciudadano, debe llevar consigo kit de extracción para muestras biológicas para poder ser atendido en el servicio, ya que los laboratorios no tiene disponibilidad ni accesibilidad, es decir, que ni siquiera cuenta con los diferentes tipos de tubos para extracción de muestra biológicas, para las distintas pruebas solicitadas, incluyendo inyectadora, algodón, alcohol, muchos menos con los reactivos para realizar las pruebas diagnósticas solicitadas por el médico tratante, y se ven obligado a la búsqueda de solución en los laboratorios privados.
Si observamos la Red de Laboratorio de salud pública, quedo evidenciado con la llegada de la pandemia de la COVID-19, las limitadas capacidades diagnósticas para dar respuesta a la identificación del virus SARS CoV 2, a fin de poder conocer el desarrollo y estimación del comportamiento de la enfermedad y generar políticas de contención y mitigación adecuada, que crearan la confianza necesaria en la población. Asimismo, el curso de otras enfermedades desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica.
En cuanto a los Bancos de Sangre, no podemos garantizar sangre segura, motivado a la reducción de los Laboratorios de Bioanálisis, que limitan el acceso universal a las transfusiones de sangre y hemocomponentes seguros, debidas a la escasez de reactivos y otros insumos utilizados en el proceso de tratamiento de la sangre donada, lo cual contribuye, aún más, a la sistemática violación de los derechos humanos, y muy especialmente del derecho a la salud, de quienes vivimos en el territorio nacional y que se ha venido denunciando, desde amplios sectores de la sociedad venezolana, como una emergencia humanitaria compleja.
Otro aspecto importante es el personal sanitario, que sin ello los establecimientos asistenciales serian cascarones vacíos, el déficit de profesionales del Bioanálisis, causado por las malas condiciones de higiene, seguridad y medio ambiente de trabajo, aunado a los sueldos que no cumple con lo establecido en el artículos 91, constitucional, y vulneración de la progresividad de los beneficios obtenidos en las convenciones colectivas, aunado, a la falta de insumos y materiales para realizar las buenas prácticas profesionales, y las presiones que ejerce la autoridades tales como la intimidación, acoso, y criminalización de la protesta cuando se exigen condiciones para el ejercicio profesional, han producido una renuncia significativa de Bioanalistas, obligando al profesional a la búsqueda de otras actividades, para poder cubrir sus necesidades básicas para sí, y para su familia. Situación que nos compromete y obliga a exigir políticas laborales dirigida a la recuperación de los sueldos y salarios, apegados a la CRBV, las Leyes y tratados internacionales, que sea sostenible con presupuesto y financiamiento sustentable en el tiempo, es decir, recuperación de los puestos de trabajo, y la confianza.
No podemos dejar referirnos a la formación universitaria de los Bioanalistas, la cual se realiza en las cinco Universidades Públicas Autónomas, en las sietes Escuelas de Bioanálisis a nivel nacional, que, debido a la reconducción del presupuesto de nuestras universidades, han limitado el proceso de formación de los estudiantes, por falta de insumos y materiales para los laboratorios, mantenimiento de equipos e instalación de nuevas tecnologías, además, déficit del cuerpo profesoral por la situación laboral de los bajos sueldos y vulneración de la progresividad de los beneficios en la Convenciones Colectivas de Trabajo. Aunado, a los ataques delincuenciales, tales como: robos, deterioro de las instalaciones de estas Escuelas, que ponen en riesgo la operatividad de la institución. Sumando, la situación de los estudiantes, que tampoco se le garantiza las condiciones de espacios adecuados para la formación como profesionales, y el bienestar social estudiantil.
Es importante recordar que la mayoría de la población venezolana depende de los servicios públicos de salud y que en 1987 se aprobó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, que fue derogada por la aprobación de la Ley Orgánica de Salud. Además, debemos visibilizar que más del 90% de la población venezolana no tiene seguros médicos: público y privado, ni tampoco tiene recursos económicos para cubrir gastos de enfermedad de manera privada.
Es importante recordar que la mayoría de la población venezolana depende de los servicios públicos de salud y que en 1987 se aprobó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, que fue derogada por la aprobación de la Ley Orgánica de Salud. Además, debemos visibilizar que más del 90% de la población venezolana no tiene seguros médicos: público y privado, ni taDe la situación descrita sobre el colapso de los Servicios de Laboratorio, queremos destacar el peso, que decisiones, adoptadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, MPPS, han tenido sobre estos servicios, es el caso de la Red de Laboratorios de Salud Pública, véase la Gaceta oficial 40420 de fecha 27/5/2014, Resolución 233, donde se transfieren al Instituto Nacional de Higiene’’ Rafael Rangel’’, como ente desconcentrado funcionalmente, las funciones de coordinación, supervisión y evaluación de los Laboratorios de Salud Pública.
En el marco de la situación detallada, debemos tener presente que la crisis que afecta los servicios de laboratorio y Bancos de Sangre en Venezuela no es ajena a: A.- la desinstitucionalización de la función pública en salud: El ordenamiento jurídico sanitario nacional necesita ser actualizado, por una parte con la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Público Nacional de Salud; por otra, con la modificación a la ley Orgánica de Salud, del Reglamento Orgánico del MPPS, y la revisión de las Resoluciones de este ministerio que colidan con la perdida de la institucionalidad presente. B.- la rectoría en salud ha quedado prácticamente desaparecida, no tenemos autoridad a la cual reclamar, además que tenga el poder o la competencia para poder tomar decisiones, porque las decisiones se toman fuera de los órganos competentes, entonces el organismo rector comienza a trabajar disfuncionalmente, a no tener guía, orientación a donde dirigirse. C.- otros es la desestructuración: no tenemos una manera de entender cómo funciona el MPPS, las redes que existen dentro y fuera de este ministerio, cómo ellas se coordinan; ya que los establecimientos de salud deben garantizar una atención continua, no solo en el lugar donde vive el ciudadano, sino de acuerdo a la necesidad de la persona, abrir un camino en esa red de establecimientos para llegar al tratamiento que requiere, y durante el tiempo que necesita. Y los programas que son el instrumento que tiene una política pública para darle ordenamiento y funcionamiento a los servicios, están suspendidos, o parcial o totalmente inoperativos. E.- el desfinanciamiento: en este punto, debemos tener presente que, según datos de la OMS, el gasto total en salud con relación al PIB en Venezuela no ha experimentado incrementos sensibles en los últimos veinte años. Entre 1995 y 2014, el gasto en salud fluctuó entre 4% y 5,8% del PIB total, registrando ese menor valor en 2008, período de crisis económica.Por otra parte, los recursos del financiamiento ordinario del sector salud se han direccionado para la construcción de un sistema paralelo” Misión Barrio Adentro”, que no tenía viabilidad ni sostenibilidad, y que tampoco ha dado respuesta y soluciones a los estados de salud y enfermedad de la población venezolana en los diferentes niveles de atención médica.
En este sentido, solicitamos la incorporación de la Dirección de Laboratorio en el Reglamento Orgánico del MPPS, la cual estuvo en funcionamiento desde su creación en el año 1936 hasta el año 2000, cuando se produjo la reestructuración administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Salud, cuyo acto desmanteló la oficina sectorial de Laboratorio, ocasionando una política de destrucción sistemática a nivel nacional de los servicios de Laboratorio, disminuyendo y limitando las capacidades de diagnóstico construido por años en el SNPS, desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, que dieron respuestas y soluciones a los problemas de salud y enfermedad de la población venezolana, de forma adecuada, oportuna, continua ,y de calidad.
Estos escenarios, se ha mantenido ante de la llegada de la pandemia de la COVID-19, durante la misma, y lo que va de este año 2022, a pesar de las gestiones como Gremio de Bioanalistas, en la búsqueda de respuesta y soluciones para que el Sistema Nacional Público de Salud, cumpla y garantice lo establecido en los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y demás derechos constitucionales tales como: Sueldos justos; condiciones de seguridad; higiene y medio ambiente de trabajo; discusión de las Convenciones Colectivas de Trabajo; progresividad de los beneficios contractuales; jubilaciones y pensiones dignas; Indexación de las prestaciones sociales y libertades gremiales.
Ratificamos, nuestra responsabilidad, compromiso y solidaridad ante la Emergencia Humanitaria Compleja del país, para continuar brindando los conocimientos científicos y tecnológicos obtenidos en los años de formación profesional, así como también, actuar como organismos consultivos del Ejecutivo Nacional y demás entidades, en los problemas relacionados con el Bioanálisis, de acuerdo a la Ley de Ejercicio de Bioanálisis
“Los derechos fundamentales no prescriben”
POR EL COMITÉ EJECUTIVO
MSC. Judith Leon
PRESIDENTA
LCDA. Yadira Rosales
DIRECTORA GENERAL
